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Qué es un asesor patrimonial

Nextep Finance17 de noviembre de 20269 min de lectura
Qué es un asesor patrimonial

Un asesor patrimonial es un profesional que ayuda a personas y familias a organizar, gestionar y planificar su patrimonio, teniendo en cuenta su situación económica, sus objetivos y sus necesidades a corto, medio y largo plazo. Su trabajo puede abarcar desde la planificación de inversiones y la gestión del riesgo hasta la coordinación de cuestiones fiscales, sucesorias y de protección del patrimonio, según el alcance del servicio contratado.

En España no existe ninguna ley que regule la figura del asesor patrimonial. Es un nombre comercial, y cualquiera puede ponérselo en una tarjeta de visita. Lo que sí está regulado es la actividad que hay detrás: el asesoramiento en materia de inversión, que consiste en dar recomendaciones personalizadas sobre productos financieros y que solo pueden prestar entidades autorizadas para ello, con la CNMV como supervisor de esa actividad, sean empresas de servicios de inversión o bancos autorizados además como entidades de crédito.

Esas entidades son de varios tipos. Los bancos y las sociedades y agencias de valores pueden asesorar junto a otros servicios, como comercializar productos o ejecutar órdenes. Las empresas de asesoramiento financiero, conocidas como EAF, solo pueden asesorar: no custodian el dinero del cliente ni pueden comprar o vender por él. En el registro de la CNMV figuran unas noventa, a las que se suman unas sesenta inscritas en el registro de empresas de asesoramiento financiero nacionales, una figura creada por la Ley del Mercado de Valores de 2023 para quienes asesoran solo en España.

Lo que distingue a un asesor de otro está en quién lo autoriza, cómo cobra y qué parte del patrimonio entra en su trabajo. Esas tres preguntas dicen más sobre el servicio que se va a recibir que cualquier tarjeta, y todas tienen respuesta en documentos públicos.

¿Qué es el asesoramiento patrimonial?

En términos legales, asesorar es hacer una recomendación personalizada: decirle a una persona concreta qué instrumento financiero le conviene comprar, vender o mantener, a partir de lo que se sabe de ella. Un artículo, una newsletter o una lista de fondos destacados de un banco son información o publicidad, aunque se presenten como consejo, porque van dirigidos a cualquiera. El asesoramiento empieza cuando la recomendación tiene nombre y apellidos.

Por eso la normativa europea MiFID II obliga a conocer al cliente antes de recomendarle nada. El asesor tiene que evaluar su idoneidad: qué conocimientos y experiencia tiene con cada tipo de producto, cuál es su situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, y qué objetivos persigue y con qué tolerancia al riesgo. Cada recomendación va acompañada de un informe que explica por qué encaja con ese perfil. Si el asesor no ha hecho esa evaluación, o el cliente no la reconoce como suya, la recomendación pierde su base.

Dentro de ese marco hay dos modelos, y la diferencia está en quién paga al asesor. El asesoramiento independiente obliga a analizar una gama amplia de productos de distintas gestoras, no solo los del propio grupo, y prohíbe quedarse con las retrocesiones, las comisiones que una gestora paga a quien coloca sus fondos y que salen del coste anual del producto. Si el asesor independiente recibe alguna, tiene que devolvérsela al cliente. Su única fuente de ingresos son los honorarios que el cliente paga directamente, normalmente una cuota fija o un porcentaje del patrimonio asesorado.

El asesoramiento no independiente puede recomendar solo productos propios o de un número limitado de gestoras, y puede cobrar retrocesiones siempre que lo comunique y que estén justificadas por una mejora del servicio. Para el cliente el coste es menos visible, porque va incluido en los gastos del fondo, pero existe: una misma cartera puede estar en una clase con retrocesión o en una clase limpia, sin ella, y la diferencia de coste se repite cada año.

En ambos casos, la entidad está obligada a enviar al cliente un informe anual con todos los costes que ha soportado, en euros y en porcentaje, sumando los del servicio y los de los productos. Es el documento que permite comparar dos asesores con datos y no con promesas.

Queda una comprobación que lleva un par de minutos: el registro de entidades de la web de la CNMV. Ahí aparece si una empresa está autorizada, qué servicios puede prestar y si asesora como independiente. Si una persona asesora en nombre de una entidad, también debe figurar como agente de esa entidad.

El asesoramiento se define por tres cosas que pueden comprobarse: una recomendación personal, un perfil documentado y una forma de cobro declarada.

¿Cómo gestionar un patrimonio?

La forma de gestionar un patrimonio financiero se entiende mejor por el reparto de dos tareas: decidir qué se compra y se vende, y ejecutar esas operaciones. Según quién asuma cada una, cambian el control que conserva el titular, lo que paga y quién responde de cada decisión.

En la gestión por cuenta propia, el titular decide y ejecuta. Abre una cuenta en un banco o un bróker, elige los productos y da las órdenes. Es el modelo con más control y, en principio, con menos costes de servicio, aunque el coste de los productos sigue ahí. La entidad se limita a ejecutar: para productos sencillos ni siquiera tiene que evaluar si le encajan, y para los complejos solo comprueba que el cliente entiende lo que compra, no que le convenga. Todo el criterio, y todo el error posible, es del titular, incluido el de reaccionar a una caída vendiendo en el peor momento.

Con el asesoramiento, el criterio se comparte. El asesor estudia el patrimonio y el perfil, y propone una cartera y sus ajustes; el titular decide si los acepta y ejecuta las operaciones, o las ordena, en su propia entidad. La última palabra sobre cada operación es siempre del cliente, y el dinero no sale de su cuenta. Cuando el asesor es una empresa de asesoramiento financiero, ni siquiera podría tocarlo: la ley solo le permite recomendar.

En la gestión discrecional de carteras, el titular delega las dos tareas. Firma un contrato con una entidad autorizada, normalmente un banco, una agencia o sociedad de valores o una gestora, en el que se fijan un perfil de riesgo y unos límites. A partir de ahí, el gestor compra y vende sin pedir aprobación para cada operación e informa periódicamente de lo que ha hecho. El cliente gana tiempo y renuncia al control operación a operación. Se paga con una comisión de gestión sobre el patrimonio y, a veces, con una comisión de éxito ligada a los resultados. Las empresas de asesoramiento financiero no pueden prestar este servicio.

Queda la delegación más simple: un fondo mixto o perfilado, en el que la gestora del propio fondo reparte el dinero entre renta variable, renta fija y liquidez según una política fija. Es un único producto, con una única decisión al comprarlo, pero la estrategia es la misma para todos los partícipes, sin adaptarse a la situación de cada uno.

Ninguno de estos modelos elimina el riesgo de mercado; lo que cambia es quién decide frente a él y cuánto cuesta esa decisión.

¿Qué es la planificación patrimonial?

La planificación patrimonial tampoco es una actividad regulada. Es el nombre que se da a ordenar un patrimonio en el tiempo, teniendo en cuenta a la vez cómo se invierte, cuántos impuestos genera y a quién pasará. Esas tres dimensiones existen en cualquier patrimonio, se planifiquen o no, y cada una corresponde a profesionales distintos, con autorizaciones distintas.

La inversión es el terreno del asesor financiero: en qué activos está el dinero, con qué riesgo, a qué coste y cómo se ajusta la cartera cuando cambian las circunstancias. Dentro de ese terreno entran también las consecuencias fiscales de cada decisión de inversión, porque forman parte de lo que cuesta. Un asesor que recomienda vender un fondo para comprar otro, en vez de traspasarlo, o que no tiene en cuenta las minusvalías que podrían compensar una ganancia, está dejando dinero fuera del análisis.

La fiscalidad en sentido amplio, como la declaración de la renta, el Impuesto sobre el Patrimonio o la optimización de rentas de distinta naturaleza, es el terreno del asesor fiscal. Y la sucesión, desde el testamento hasta la forma en que se reparten los bienes y lo que tributan los herederos, corresponde al notario y al abogado. El Impuesto sobre Sucesiones depende además de la comunidad autónoma, con diferencias que pueden ser muy grandes entre una y otra.

Las tres dimensiones se cruzan constantemente. La titularidad de una cuenta, los beneficiarios de un seguro o el tipo de producto en que está invertido el dinero afectan a lo que ocurre en una herencia. Un fondo de inversión y una cuenta de valores con acciones tributan igual en Sucesiones, por su valor el día del fallecimiento, pero dejan al heredero en situaciones distintas: el fondo puede traspasarse a otro fondo sin pasar por Hacienda y las acciones no. Por eso la coordinación entre profesionales importa más que reunirlos todos en una sola firma.

De ahí sale una pregunta útil ante cualquier oferta de “planificación patrimonial integral”: quién se ocupa de cada parte, con qué autorización y cómo cobra por ella. Una empresa de asesoramiento financiero está autorizada para asesorar sobre inversiones; si su oferta incluye fiscalidad o sucesiones, esa parte la prestan otros profesionales, propios o colaboradores, y conviene saber quiénes.

La planificación patrimonial reúne varias disciplinas bajo un mismo nombre, y cada una tiene su profesional, su regulación y su coste.

¿Cómo elegir un asesor patrimonial?

Detrás del nombre de asesor patrimonial puede haber servicios muy distintos, y las diferencias que importan se pueden comprobar. La inscripción y las autorizaciones correspondientes pueden consultarse en los registros de la CNMV; la forma de remuneración, en la documentación contractual y la información sobre costes; y quién toma las decisiones de inversión, en el modelo de servicio contratado.

La planificación patrimonial también puede incluir cuestiones fiscales y sucesorias, que requieren la intervención de profesionales especializados. Por eso, antes de contratar un servicio, conviene conocer qué áreas cubre, quién toma las decisiones y cómo se remunera cada profesional.

La independencia es otro aspecto que merece atención. Por ejemplo, el modelo de asesoramiento de Nextep Finance se basa en la remuneración directa por parte del cliente, sin recibir retrocesiones de los productos recomendados. Esta distinción permite entender cómo se relacionan los honorarios del asesor con las inversiones seleccionadas.

En definitiva, elegir un asesor patrimonial implica valorar la transparencia, el alcance del servicio y la claridad de sus costes, más allá de cómo se presente comercialmente.

La información compartida en este artículo bajo ningún concepto representa una recomendación de inversión.

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